INTRODUCCIÓN
El
colectivo humano que integra los estados, dependiendo del contexto, experimentan
múltiples problemas y privaciones, sin embargo, no hay institucionalidad capaz
de atender de manera particularizada las demandas y necesidades del pueblo.
Además, los recursos siempre son escasos para poder intervenir de forma
subsidiaria desde lo público; es por ello que debe hacerse un esfuerzo de
intermediación de los partidos políticos para que aquellos que logran
convertirse en clase política hagan una priorización y determinen las
situaciones socialmente problemáticas que serán atendidas desde la esfera
pública. Este ejercicio puede llevar a la determinación de una política pública
que destina recursos y define formas de intervención, o en mejor de los casos a
la cristalización de acuerdos políticos priorizados que dan vida a la ley. En el
caso de la desnutrición en sus grados y el hambre, por su amplio espectro de
incidencia, cuentan con ley, política, pactos, estudios, publicaciones y mucho
papel que demuestran que en el país muchos viven la crisis humanitaria del
hambre.
Palabras
clave
Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hambruna, desnutrición, Pacto
Hambre 0
Antecedentes de la problemática social que define
nuestro principal rasgo de subdesarrollo
La
pirámide de la sociedad guatemalteca ha sido históricamente determinada por la
desigualdad social, lo cual hace que seamos un país en el que se concentra la
riqueza y las brechas sociales sean profundamente lacerantes, otorgando a unos
pocos el acceso al desarrollo y condenando a la mayoría de la población al
subdesarrollo. El coeficiente de Gini es la medida estadística que mide la
desigualdad en el acceso a los ingresos; medida que va de 0 a 1, cuanto más
cerca de uno se ubique la medida, la desigualdad será más profunda; para el
caso de Guatemala, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
estableció, con base en la corrección de las cuentas nacionales para el año
2017, que el indicador era de “0.63 uno de los índices más altos del mundo”, lo
cual ratifica los altísimos niveles de pobreza presentados en el informe sobre
el Índice de Pobreza Multidimensional (2018) en el cual se consigna señala que
“los resultados revelan que en Guatemala 61.6 por ciento de las personas
(I.C.95% 58.6-64.7) viven en pobreza multidimensional, es decir, seis de cada 10
guatemaltecos enfrentan privaciones en el 30 por ciento o más de los
indicadores ponderados”
El
IPM utiliza para su estimación cinco dimensiones de las cuales la Salud y la
Seguridad Alimentaria y Nutricional es la primera y según las tasas de privación
no censuradas, el 40% de la población esta privada de la seguridad alimentaria
y nutricional, estimación hecha con base en la Escala Latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria, cuyo insumo estadístico es la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Con base en los resultados del 2011
se concluye “que los hogares más vulnerables a la Inseguridad alimentaria se
caracterizan por ser hogares con niños, que viven en condiciones de
hacinamiento, en área rural, pobres, con poco acceso a servicios y condiciones
de vivienda precarias”, una situación histórica que ha prevalecido a lo largo
de las dos décadas que llevamos del nuevo milenio.
Aun
cuando el fenómeno de la desnutrición parece haber acompañado a amplios sectores
sociales durante el siglo pasado, fue hasta el gobierno del presidente Alfonso
Portillo que se hizo visible la altísima incidencia, principalmente de la
hambruna y la desnutrición crónica, lo cual requirió que se determinara una
intervención excepcional para mitigar el impacto en la población de una
enfermedad que se roba el futuro de quienes la padecen.
El
3 de septiembre del año 2001, Portillo decretó el estado de calamidad por
hambre debido al deterioro de los medios de vida que desde el paso del huracán
Mitch, en noviembre de 1998, agudizó la problemática de acceso a alimentos
debido a la destrucción de los medios de vida y la capacidad productiva del
agro de infra y subsistencia en el país.
Para
ese momento los titulares de los medios reportaban hambruna en Camotán y
Jocotán en donde se registraron muertes por hambre y desnutrición, el reflector
de opinión pública se posicionó en un territorio que además enfrenta no solo el
yugo de la inequitativa distribución de la riqueza, sino además azota con mayor
fuerza los fenómenos naturales producto del cambio climático
Las
sequias prolongadas que durante los primeros años del siglo XXI fueron causadas
por el fenómeno del niño, agudizaron la crisis de acceso a alimentos, por
escases y por ausencia de ingresos necesarios para adquirirlos mediante
mecanismos de mercado.
Cabe
aquí una puntualización respecto de que en Guatemala se confirma la teoría del
premio nobel de economía Amartya Sen, quien en 1981 publicó su obra “hambruna y
pobreza” en el cual formula su teoría de la titularidad; esta “se refiere a la
capacidad que tiene cada persona de conseguir sus alimentos a través de los
medios legales disponibles en una sociedad; esto incluye la producción de
dichos alimentos, el comercio, el trabajo, los beneficios estatales, o
cualquier forma contemplada y posible para acceder a ellos” en un contexto
productor de alimentos, es una paradoja que exista el hambre, la desnutrición,
la anemia y la obesidad
Pero
tuvo que cubrirse como noticia, para que este problema social, se convirtiera
en una situación socialmente problemática y del titular, se pasara a la
indignación colectiva que rechaza esta condición que nos roba la dignidad como
país, uno de cada dos niños en Guatemala padece de algún grado de desnutrición.
La
exclusión de amplios contingentes sociales del mercado de alimentos, por no
contar con el ingreso suficiente para procurarse la ingesta mínima de
nutrientes, lleva a heredar la condición que pasa de madres desnutridas a hijos
desnutridos que reproducen su condición en la espiral de pobreza.
La institucionalidad para atender la desnutrición
El
pacto social fundante de nuestro régimen constitucional democrático de derecho
contempla el derecho a la alimentación en su artículo 99 el cual establece “el
Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los
requisitos mínimos de salud.
Las
instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí
o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema
alimentario nacional efectivo”, reconociendo que desde el año de 1985 ya había
una institucionalidad pública encargada de atender esta problemática, sin
embargo, la desarticulación, superposición y duplicación de esfuerzos para
enfrentar los efectos del hambre y la desnutrición, reducen el alcance y la
efectividad de las políticas públicas dirigidas a intervenir en los territorios
con mayor incidencia
A
pesar de haber creado “una ley, un reglamento, una política, un plan
estratégico, un plan priorizado de Gobierno, un presupuesto interministerial,
unos planes operativos anuales costeados, unas instancias de participación y
consulta popular, una prioridad política al máximo nivel” durante los gobiernos
del nuevo siglo, la incidencia de la desnutrición sigue siendo alarmante, la
reducción de los porcentajes observados sigue reflejando una tasa de uno de
cada dos niños del país con algún grado de desnutrición.
Desde
el estallido de popularidad mediático que evidenció la envergadura del problema
del hambre y la desnutrición en el país, se han ensayado programas, creado
instituciones y ejecutados recursos financieros que siguen teniendo una
efectividad limitada. Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2003) se
formuló una nueva Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional -la primera
venía de 1997- y se elaboró una primera propuesta de Ley SAN, que finalmente no
fue aprobada por el Congreso. Se creó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (CONSAN), que dependía directamente de Presidencia y que fue un
primer intento de elevar el perfil público y político del tema, pero se
disolvió pronto
Asimismo,
se creó el VISAN dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA, marzo 2003) y se le dotó de fondos operativos. Durante el gobierno de
Óscar Berger (2004-2008) se dio un notable impulso a la construcción del
andamiaje institucional, a través de un proceso de negociación que involucró al
Gobierno, sector privado y organizaciones campesinas e indígenas.
Esto
dio como resultado la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN)
y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN, Decreto 32-2005, 2 de
mayo 2005), que siguen vigentes y son la base de todos los avances posteriores.
La figura del Comisionado Presidencial contra el Hambre, Andrés Botrán, fue
clave en este periodo. Lo que caracteriza a este Gobierno es la construcción de
la armazón legal y política contra el hambre, aunque no tanto el nivel de
ejecución en el terreno, que fue poco significativo. También se elaboró el
Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica —un plan estratégico—,
documento consensuado y construido desde los departamentos y presentado al
final del mandato de Berger.
En
resumen, el problema no solo se enfrenta con burocracia que al parecer abunda
en diversos ministerios que ejecutan año con año recursos valiosos que
principalmente se usan para gastos de funcionamiento y que reducen
significativamente la proporción de estos para mitigar la angustia de sentir
físicamente como se escapa la vida, por no poder, ni siquiera, satisfacer el
mínimo de nutrientes que el cuerpo necesita para continuar subsistiendo.
Cuando
se quiere se puede y la crisis sanitaria por la llegada a Guatemala de la
pandemia de COVID-19 demostró que hay acuerdos que pueden inclusive invocar las
excepciones de financiamiento del Estado ante catástrofes o desastres públicos;
el paquete de 11 millardos de financiamiento público aprobados por el Congreso
en el año 2020, utilizando el segundo párrafo del artículo 133 constitucional,
dejó en evidencia que cuando todos de forma igualitaria enfrentamos una amenaza
común como lo es un microscópico virus, no escatimamos en gastos y voluntades
por lograr acuerdos para enfrentarla.
Si
tomamos el número de infectados, fallecidos e inmunizados ante la enfermedad de
la COVID-19 y cuánto se ha gastado en un año de pandemia y comparamos con los
recursos destinados a enfrentar los resabios de la desnutrición en varias
generaciones de guatemaltecos, entendemos que el costo de oportunidad pone por
encima de la población con hambre, seres humanos pobres que habitan el área
rural y necesitan la acción subsidiaria del Estado para adquirir alimentos, a
los habitantes de centros urbanos con mayor riesgo de contagio del virus
SARSCoV-II, quienes están conectados a la red eléctrica formal y pueden hacer
uso de plataformas virtuales para inscribirse en los beneficios que otorgan los
programas creados para mitigar el impacto económico de la pandemia
Derecho a la SAN Decreto 32-2005
El
derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y
permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con
pertinencial cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su
adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”
La desnutrición como contenido de campaña
Los
políticos y de ellos los más demagogos, acostumbran a utilizar problemáticas
ampliamente sentidas para dotar de contenido vacío a sus campañas, tal el caso
del ofrecimiento de Roxana Baldetti en 2012, durante el lanzamiento del Pacto
Hambre 0 en San Juan Atitán, Huehuetenango, el municipio con el mayor índice de
desnutrición en niños menores de 5 años a nivel nacional, con un 91.4 % de
prevalencia. Baldetti ofrecía en esa ocasión una reducción de 10 puntos
porcentuales respecto de la incidencia de la desnutrición en aquella fecha, la
cual ascendía a 49.8 % de los niños del país, meta planteada para los cuatro
años de gobierno
El
experto que aquel gobierno nombró para dirigir la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional reconoció públicamente que “ningún país en el mundo
ha reducido (la desnutrición) un 10 % en cuatro años, y el reto es enorme para
los guatemaltecos; para hacer una clarificación, lograr reducir un punto
porcentual es una gran hazaña y es vista por especialistas como un gran logro”.
Levantar metas aspiracionales y ofrecer soluciones mágicas a problemas
estructurales, solamente refleja la intención de instrumentalizar la
problemática con fines clientelares y una cuantiosa erogación de recursos
públicos en burocracia y bolsones presupuestales con riesgo a la corrupción
CONCLUSIÓN
Guatemala
tiene una de las tasas de desnutrición crónica más altas del mundo y la más
alta de América Latina y el Caribe. Se estima que el 49,8% de los niños
guatemaltecos entre 3 y 59 meses de edad sufren desnutrición crónica. La tasa
es aún mayor entre los niños indígenas, particularmente en las áreas de montaña.
Estas altas tasas de malnutrición a nivel municipal están relacionadas con la
pobreza y la desigualdad de género, especialmente porque las mujeres tienen
pocas oportunidades para actividades productivas fuera del hogar
Existen
desafíos que suponen un deber ético y moral, que demandan salir de cualquier
forma de acomodamiento y que justifican la puesta en marcha de todos los
esfuerzos posibles para sobreponerlos. Erradicar el hambre y la desnutrición es
uno de ellos. Además, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)
de los guatemaltecos no solamente representa un imperativo moral: también trae
beneficios sociales y económicos para el país. En este sentido, es optimista
notar que en Guatemala ha existido, en los últimos años, una voluntad sostenida
por parte del sector público por atender esta problemática. A esta decisión se
ha sumado el apoyo de la cooperación internacional, del sector privado y de la
sociedad civil, sectores que participan en distintas iniciativas dirigidas a
reducir la desnutrición crónica, en particular en el marco de las acciones que
integran la denominada Ventana de los Mil Días y programas orientados a la
agricultura familiar. Soy consciente que no hemos descubierto nada nuevo.
BIBLIOGRAFÍA
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http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/04/Revista-an%C3%A1lisis-de-la-realidad-nacional-No-34-HIGH.pdf
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https://www.sdgfund.org/sites/default/files/case_study_-_guatemala_-_es_v4.rvgd_.pdf
